- Los/as vecinos/as denuncian en un escrito que llevan años soportando y denunciando los impactos y molestias de la factoría, sin que las instituciones implicadas hagan nada por controlar sus actividades, limitar y reducir sus impactos y aplicar la legislación medioambiental a la empresa.
La Junta administrativa de Murga, presentó el pasado viernes 5 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción de Amurrio una Querella contra la empresa REMAI S.A. por presunto delito contra el medio ambiente y la salud pública, según explica el Presidente de la Junta Administrativa de Murga, Jesús Molinuevo, en la siguiente nota de prensa:
La empresa REMAI S.A. (Recuperadora de Materiales Industriales) está instalada en Murga, carretera Respaldiza-Markijana, y lleva en funcionamiento más de 20 años, no disponiendo durante años de licencia municipal de actividad ni otras autorizaciones ambientales y legales de obligado cumplimiento. En julio de 2001 inició el proceso de legalización como ‘actividad clasificada’ ante el Ayuntamiento de Ayala, disponiendo desde el 21 de diciembre de 2006 de Licencia municipal de Actividad para ‘recuperación de materias primas siderúrgicas’, de carácter provisional y sujeta al cumplimiento de medidas correctoras, requisito previo a la puesta en funcionamiento y no verificado en la actualidad.
Su actividad consiste en recibir piezas metálicas de gran tamaño procedentes de la industria siderúrgica, almacenarlas en su propiedad al aire libre y fragmentarlas en dos fosos, barrenándolas con lanzas térmicas y explosionándolas con cartuchos de entre 150 y 175 kg por voladura. Una vez fragmentadas, las piezas son separadas por tamaños, acopiadas al aire libre y transportadas a otras empresas en camiones. También se recuperan mediante cribado los fragmentos metálicos menores que se mezclan con las tierras que ocasionalmente se colocan rellenando huecos de las piezas mayores tratadas.
La utilización de lanzas térmicas y la potencia de las explosiones provocan importantes emisiones de gases y polvos que se dispersan libremente y se depositan en los alrededores, dentro y fuera de las instalaciones de la empresa, incluidas las viviendas y campos de cultivo adyacentes. Estos polvos son también dispersados en las operaciones de carga, descarga y transporte de los materiales resultantes del proceso de fragmentación.
Además la potencia de las explosiones provoca ruidos y vibraciones en niveles inadmisibles para la salud humana. Estos niveles de ruido de las explosiones en momentos puntuales y el ruido más continuo de la maquinaria y las operaciones industriales provocan en los vecinos colindantes importantes molestias, perturbaciones psico-fisicas y de estado de ánimo, alteraciones de sueño, etc. Además las vibraciones de las explosiones están provocando diversos daños en viviendas y edificios colindantes: agrietamientos, levantamiento de tarima en suelos, etc.
Por otra parte, la mayoría de las actividades de acarreo, almacenamiento y tratamiento de las piezas se realizan sobre suelo natural, sin ningún tipo de protección e impermeabilización. Las aguas procedentes de lluvia y de humidificación de materiales se acumulan en los fosos y otras instalaciones de la empresa y, cargadas de lixiviados metalíferos, van a parar directamente al río Izoria, colindante con la empresa, por precipitación o a través de tubería de evacuación, sin que nos conste que la empresa disponga de sistemas de depuración de aguas ni de las pertinentes autorizaciones de vertido.
Los/as vecinos/as del barrio de Markijana llevan años denunciando esta situación ante diversas instituciones públicas, principalmente la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y el propio Ayuntamiento de Ayala. Estas instituciones además de tolerar un funcionamiento irregular desde el punto de vista administrativo (sin licencias o autorizaciones primero y luego con una licencia municipal provisional e insuficiente), han hecho caso omiso a las denuncias sucesivas, absteniéndose de abrir ningún tipo de procedimiento de inspección y/o sanción.
La Querella se dirige en principio contra el representante legal de REMAI S.A., aunque la Junta Administrativa de Murga, no descarta ampliarla a otros cargos directivos o responsables técnicos de la misma empresa, en función de los resultados de la investigación judicial. Esta responsabilidad penal podría también extenderse a algunas autoridades administrativas y/o funcionarios, por su actitud negligente y omisiva en el ejercicio de sus competencias de control de la actividad de la empresa y de aplicación de la legislación medioambiental, concluyen desde la Junta.
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